Cada año, la entrega de medallas al mérito entregadas por la Dirección General de la Policía a personas ajenas al cuerpo genera nuevas polémicas. No es de extrañar, sin embargo, teniendo en cuenta que las condecoraciones no se motivan. Al menos no se hacen públicas las razones que llevan al área policial del Ministerio del Interior a elegir a unas personas y no a otras.
Una lectura pausada y con buenos ojos de la lista de premiados lleva a pensar que en algunos casos debe existir un motivo honesto para entregar el reconocimiento. Policías locales, detectives, agentes de cuerpo de seguridad de otros países, oficiales de enlace, magistrados, fiscales, miembros de los servicios secretos. Se trata de gente que a buen seguro ha llevado a cabo algún acto heroico merecedor del galardón.
Un segundo repaso de la relación de afortunados realizado con visión más crítica, sin embargo, lleva a cuestionarse los méritos de algunos de los que aparecen reflejados. Entre estos últimos, podemos destacar al hasta hace unas semanas presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, Juan Carlos Aparicio, honrado con la Medalla de Plata, el segundo mayor galardón que entrega la Dirección General, y que acaba de ser nombrado consejero de la consultora tecnológica más importante de España, Indra.
Al no ser explicado en ningún momento ni escrito publicado el motivo de la entrega del premio, no es extraño que la opinión pública se pregunte qué ha hecho Aparicio para merecer esto. ¿Qué acción heroica, qué mérito, qué servicio al Estado fuera de su cargo al frente de la Comisión de Interior ha llevado a cabo? ¿Acaso pone en algún papel que todo presidente de comisión parlamentaria debe recibir este honor?
También llama la atención la inclusión del exsecretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, hoy magistrado del Tribunal General de la Unión Europea, en la lista de los receptores de la Medalla de Plata. Los dos expolíticos –Aparicio y Ulloa– comparten cartel con perfiles muy distintos: tres directores de policías extranjeras y un alto funcionario de la UE en materia de terrorismo.
Un peldaño más abajo comienza la retahíla de nombres que el pasado 2 de octubre, Día de la Policía, recibieron la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco. Casi medio millar de personas de las que tan solo resaltaremos media docena de ejemplos.
Por un lado, llama la atención la inclusión de altos directivos de grandes empresas. Entre todas, destaca El Corte Inglés. Tres ejecutivos coloca en la preciada lista el grupo de grandes almacenes más grande de España. En concreto, un miembro del Departamento de Seguridad, un director regional de Seguridad y el director de Personal del grupo de distribución.
Saltan a la vista también las condecoraciones entregadas al subdirector operativo de Seguridad de ADIF, al presidente del Grupo ZETA –Antonio Asensio– o al embajador en la India, Gustavo de Arístegui, además de las decenas de directivos de otras tantas grandes compañías de la banca y de otros sectores.
No dudo de la buena voluntad de la Dirección General de la Policía ni del Ministerio del Interior a la hora de elegir quién recibirá los galardones. Ni siquiera de que los que los reciben los merezcan de verdad. Sin embargo, entiendo que haya quien dude. En una democracia transparente, como la que se supone que queremos, no cabe este modo de actuar tan opaco y aparentemente arbitrario.
La cultura de la transparencia se basa no solo en el ser honesto, sino en el parecerlo. Si las razones para reconocer los méritos de estas personas se hicieran públicas, se eliminarían automáticamente las sospechas. Siempre que fueran honradas. Si esos motivos, sin embargo, continúan escondidos, las medallas seguirán siendo fuente de polémica. Y no sin razón.
Por otro lado, no cabe duda de que la elección de los condecorados debe adaptarse, al menos mínimamente, a los criterios que indica la ley vigente. Cosa que tampoco sucede. El aumento en un 40% de medallas pensionadas (que llevan aparejado un complemento económico de por vida) destinadas a mandos de la Policía, por ejemplo, no parece seguir los puntos de la norma. A nadie se le escapa que resulta difícil que un jefe se merezca una Cruz Roja cuando la ley exige haberse visto involucrado en algún tipo de acción heroica, con derramamiento de sangre o intervención de armas.
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