Caso Faisán: ¿En qué momento de la investigación se descartaron otros móviles distintos al político?

Carlos Germán, jefe del equipo investigador.
Foto: Chema Barroso.

El periodista experto en tribunales José Yoldi se hizo hace meses la pregunta de qué pasaría si el faisán se convirtiese en pollo. Se refería a la posibilidad, que se barajó durante la instrucción, de desimputar a los acusados el delito de colaboración con banda armada y dejar el caso en una sencilla revelación de secretos.
Lo que hubiera ocurrido entonces es que el caso hubiera pasado a un juzgado de Irún y la Audiencia Nacional se habría quedado sin competencias sobre el mismo. El impacto mediático se habría reducido entonces considerablemente.
Pues bien, meses más tarde, el faisán ya se ha convertido en pollo definitivamente. La sentencia ha seguido el criterio del fiscal, Carlos Bautista –que no de la Fiscalía General–, y ha condenado a los dos funcionarios a un año y medio de prisión por revelación de secretos.

El tribunal ha entendido que los policías no incurrieron, sin embargo, en el delito de colaboración con banda armada, porque no compartían los fines de la organización terrorista a la que supuestamente estaban alertando –y digo supuestamente porque la sentencia aún no es firme–.
Según la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, el objetivo de los presuntos chivatos era "no entorpecer el proceso" de paz emprendido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, que el soplo tuvo una motivación política honesta y que, en este caso, eso indica que compartían los fines de la banda.
En mi opinión –dejando al margen la jurisprudencia a favor y en contra que existe sobre la necesidad de que haya que compartir los fines de la banda o no–, ese razonamiento esgrimido por el tribunal tiene una pega.
Cabría preguntarse qué pruebas sólidas existen para concluir sin ninguna duda que la motivación para dar el chivatazo fue política. En principio, la única que existe es la conversación entre Joseba Elosúa y su yerno, Carmelo Luquin, mantenida después de que el primero recibiera el soplo. En ella, Elosúa le cuenta a su yerno –y eso lo grabó el micrófono de la Policía instalado en el coche donde hablaron– que alguien le había avisado de que iba a haber una operación contra ellos, que creía que había sido un policía y que su interlocutor le había dicho que no quería que se frustrara el proceso.
Es decir, que quien le dio el chivatazo había argüido ese diálogo entre el Gobierno y ETA como punto en común para convencerle de por qué le estaba alertando. ¿Es esa única prueba suficientemente consistente como para concluir que el móvil fue político y descartar cualquier otra posibilidad?
Es cierto que ese día la Policía tenía previsto detener a Gorka Aguirre, entonces dirigente del PNV, y que el presidente de ese partido, Josu Jon Imaz, se iba a entrevsitar con Zapatero en La Moncloa. Pero la relación entre estos dos hechos y el chivatazo no la demuestra el mero hecho de que estos dos acontecimientos se fueran a producir.
Por una parte, no hay que olvidar que la palabra proceso era un término manido y utilizado con incansable asiduidad por cualquier ciudadano en aquel momento, tuviera o que ver con la política. Más aún por los policías.

Por otra, ¿por qué no pudo pasar que el funcionario que dio el chivatazo tomó la decisión por su cuenta y riesgo para evitar, por ejemplo, meterse en un lío político? Parece claro que no era el momento más adecuado para detener a Aguirre y de eso se daba cuenta cualquiera. El policía el primero. Parece también claro que arrestarlo en aquel contexto era exponerse a recibir la bronca de algún superior e incluso sufrir alguna represalia. Es lo que tiene estar en un cuerpo que depende de las decisiones tomadas por los cargos políticos elegidos a dedo. Por aquel entonces había más de 7.000 mandos designados por criterios de confianza.

¿En qué momento de la instrucción se descartó ese temor a las represalias cómo móvil para dar el aviso? Teniendo en cuenta que pocos conocían los datos de la operación, había pocas posibilidades de que la delación trascendiera. Más aún manejando teléfonos prepago como se hacía entonces también por parte de los funcionarios de la Policía.
El hasta hace poco secretario general del Sindicato Unificado de Policía, José Manuel Sánchez Fornet, ha denunciado públicamente en más de una ocasión la existencia de varios chivatazos a ETA en otras ocasiones y nadie le ha desmentido. En la mayoría de los casos, con apariencia de que hubiera otros móviles distintos al político.
¿Por otro lado, y con la cabeza fría, qué político en sus cabales utiliza estos torrentiles métodos en lugar de, por ejemplo, llamar al juez Fernando Grande Marlaska para solicitar un aplazamiento temporal? ¿Alguien considera al entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tan torpe como para pringarse de esa forma?
Creo que no siempre son reales las historias que se cuentan simplificando los detalles y acudiendo a la brocha gorda marcada por ser de un color o de otro.