Sitel no es el problema, sino solo la herramienta

Fotograma de Minority Report, donde un software adelantaba
qué ciudadanos iban a ejecutar un asesinato. La máquina no era
el problema, sino el concepto de detener a alguien que aún no
ha cometido ningún delito.

Agradezco todos los comentarios recibidos a mi anterior post sobre las interceptaciones telefónicas. En otro artículo previo lo dije, aunque quizá alguno no lo leyó: Sitel no puede ser un problema, porque la tecnología en sí misma no es mala ni buena. Depende del uso que se le dé. Un avión último modelo puede transportar gente de Madrid a Nueva York, pero también estrellarse contra las torres gemelas. Sitel es un cuchillo afilado en manos de un carnicero al que todos hemos votado y cuya profesionalidad damos por hecho.

¿Pero qué o quién garantiza que a ese carnicero no se le va la cabeza? Solo el marco jurídico, los jueces, la oposición y la prensa pueden actuar de contrapeso. Sin embargo, si el primero no es el adecuado, los segundos no conocen la herramienta, la tercera se calla porque hizo lo mismo y la cuarta está en otras cosas, el sistema se resiente.

Todos sospechosos

Tras el 11-S, el 7-J y el 11-M, EEUU y Europa experimentaron un nerviosismo político –comprensible, por otro lado– que se trasladó a la regulación y que provocó normativas como la Patriotic Act americana o la directiva europea 2006/24/CE que regula la conservación de datos. La primera, mucho más invasiva que la segunda, fue posteriormente matizada.

Como dijo en noviembre de 2009 el todavía hoy Supervisor Europeo de Protección de Datos, Peter Hustinx, esa ansiedad inicial provocó que la seguridad se impusiera a la intimidad y que aparecieran las citadas normativas. Se legisló, sentenció Hustinx, "en caliente, influidos por los atentados y por motivos políticos". Sin embargo, añadió el Supervisor, el tiempo cura todas las heridas y en estos momentos nos encontramos en un periodo de revisión de esa regulación. "Estamos en otra etapa", afirmó.

De hecho, los escándalos que se han provocado en las últimas semanas por las revelaciones de Edward Snowden han calado tan hondo en la sociedad porque la sensibilidad ya no es la misma que entonces. Esos nuevos tiempos de los que hablaba Hustinx están llegando y las garantías vuelven a ser importantes para los sistemas democráticos.

PRISM no es igual que Sitel, claro que no. El primero accede directamente a los datos y las conversaciones, el segundo se las pide a las operadoras. Pero no es esta la cuestión, sino lo que la regulación permite a ambos software. La Ley 25/2007 de Conservación de Datos, versión española de la citada directiva 2006/24/CE, obliga a las compañías de telefonía a almacenar todos los datos de las comunicaciones electrónicas de todos los españoles durante un año (la norma comunitaria permitía de seis meses a dos años y cada país la aplicó como quiso dentro de ese margen).

Como decía entonces Hustinx, "la directiva nos convierte a todos los ciudadanos en sospechosos, no diferencia entre personas honestas y delincuentes; por consiguiente, su objetivo no es controlar al delincuente, sino al ciudadano". "Es pues una norma de control social", afirmó.

La norma europea, de hecho, está tan en entredicho que no todos los países la han querido aplicar. El 3 de mayo de 2010, el Tribunal Constitucional alemán declaró nula la transposición que ese país había hecho de la directiva comunitaria. Daba la razón así a las más de 35.000 denuncias ciudadanas –el mayor recurso en la historia del alto tribunal germano– que se habían presentado. Y eso que era una ley más permisiva que la española, ya que obligaba a almacenar los datos durante solo seis meses. Según los jueces alemanes, eso ya violaba flagrantemente el derecho al secreto de las comunicaciones y el principio de proporcionalidad.

Unos meses antes de la decisión alemana, en noviembre de 2009, el ministro del interior británico anunció que su país renunciaba a transponer la polémica directiva por las protestas que había levantado en la sociedad inglesa una normativa basada en un concepto jurídico similar al que permitía actuar contra 'los futuros asesinos' en la película Minority Report. El estado limita los derechos de los ciudadanos, toma medidas a priori, por si alguno hace algo malo. Esa era la idea tanto en el la realidad como en la ficción.

Falta de formación

A este polémico trato por parte del Estado hacia los ciudadanos, hay que añadir la nula formación recibida por los jueces españoles, que ha provocado que éstos no tengan el control efectivo del proceso y que por lo tanto –como decía en el anterior post sobre Sitel– éste se encuentre descontrolado.

Un ejemplo fue sin duda la historia que conté de los policías de Asuntos Internos que interceptaron las comunicaciones de los investigadores de Malaya. El juez no tenía ni idea del funcionamiento sistema. Si lo hubiera conocido, no habría pedido que le llevaran los soportes magnéticos a sede judicial. De hecho, los de Asuntos Internos se negaron a hacerlo por "motivos técnicos" y el magistrado ni abrió la boca. A partir de ahí, no era él quien dirigía la máquina, sino que eran los policías los que cogían la sartén por el mango.

La historia de Sergio es solo una anécdota que demostraría el citado descontrol. Únicamente el comisario Valentín Bahut podría desvelarnos si ese teléfono que solicita a su contacto estaba autorizado o no por un juez. Y yo agradecería que nos lo contara, que nos enseñara ese auto judicial que lo permite. No dudaría en publicarlo y pedir disculpas por haber insinuado una mala actuación policial.

Pero no hay que olvidar que los hechos relatados sobre los funcionarios de Marbella datan de 2006. Obviamente, Sitel ya no está tan descontrolado ahora como lo estaba entonces. Desde que en 2009 denunciamos su existencia (hasta entonces no aparecía ningún resultado en Google cuando ponías la palabra en el buscador, más allá de una empresa que existe con el mismo nombre), la repercusión mediática y política provocó una reacción interna que terminó ajustando los controles. Mediante parches que más adelante explico, sí, pero mejorando ese control al fin y al cabo.

Varias circulares del Ministerio del Interior ordenaron introducir la práctica totalidad de los protocolos que recomendamos en las informaciones que ofrecimos en el periódico, entre ellos la firma digital. El entonces ministro Alfredo Pérez Rubalcaba aseguraba en público que todo estaba controlado mientras emitía nuevas órdenes internas para ir haciendo los citados ajustes.

La mayoría de ellos, dirigidos a la mejora de las garantías procesales. Rubalcaba incluso ofreció a los jueces una visita guiada a las instalaciones de Sitel meses después. Más vale tarde que nunca, diréis. Desde luego, respondo. ¿Pero dónde estaríamos ahora si La Gaceta nunca hubiera hecho aquellas revelaciones?

Telefónica se ofreció

No está de más recordar aquí que ya las operadoras telefónicas se ofrecieron en 2005 a formar a los jueces en el sistema. Así lo puso de manifiesto un informe del fiscal Pedro Martínez entregado a su entonces superior, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, en junio de ese mismo año. El documento resaltaba las anomalías jurídicas que tenían que ver con el funcionamiento del software y, entre otros asuntos, destacaba que resultaba ineludible "formar a nuestros jueces y fiscales en las posibilidades que ofrece Sitel y en general las nuevas tecnologías de las comunicaciones electrónicas, ya que solamente conociendo estas tecnologías podrán ejercer un control eficaz".

"Todas las operadoras de telefonía –continuaba el texto de Pedro Martínez– se han comprometido a facilitar la formación necesaria a los jueces y fiscales con visitas a sus instalaciones; a su vez, han manifestado su preocupación ante una normativa que ellos consideran insuficiente para regular no solo Sitel, sino todas las poderosas tecnologías que se desarrollan hoy en día".

A pesar de este informe, ningún magistrado recibió curso, seminario o formación alguna por parte de las operadoras, porque el Gobierno nunca trasladó ese ofrecimiento al Consejo General del Poder Judicial ni a ningún órgano jurídico.

Pero es que además el informe del fiscal madrileño, que nunca tuvo respuesta de Pumpido, no fue el único que criticaba el amparo legal del software. Casi una veintena de informes críticos fueron elaborados por el Ministerio de Defensa, el de Ciencia y Tecnología, el del Interior, el Poder Judicial, la Asociación de Proveedores de Servicios de Internet, la Asociación Española de Protección de Datos y otras instituciones entre 2000 y 2003, cuando el Gobierno de José María Aznar aún planificaba la implementación de Sitel, que finalmente entró en funcionamiento sin las sugerencias reflejadas en esos documentos y sin publicidad.

Ya en la oposición, y seis años después, el entonces portavoz del PP Esteban González Pons denunció que la máquina se estaba utilizando sin control. Su gabinete preparó una proposición de ley orgánica que fue rechazada en el Parlamento por la unión de todos los bloques de izquierdas. No era de extrañar, por otro lado, esa acción en común, dado que por aquel entonces la Gürtel estaba en pleno apogeo mediático.

Pero ya ha pasado tiempo también de aquello y todos nos preguntamos por qué el PP, tras dos años en el Gobierno, no ha hecho el menor amago de retomar aquella propuesta de ley orgánica. ¿Acaso ha visto que Sitel está mejor sin regular ahora que es Génova quien tiene la llave? Quiero pensar que es la relegación de González Pons, auténtico precursor de la iniciativa, a un segundo plano lo que ha hecho que la proposición continúe en un cajón. Aunque no tengo información.

Los parches de Rubalcaba

Sin esa ley orgánica, las cosas no se arreglarán. Todas aquellas circulares internas emitidas por Rubalcaba se quedan hoy en meros parches que podrían despegarse en cualquier momento. ¿Quién garantiza que el actual Ejecutivo está actuando adecuadamente? ¿Acaso lo hacen aquellas circulares emitidas por el anterior inquilino de Castellana 5? ¿O serán otras órdenes internas y recomendaciones a viva voz que se realicen en este nuevo tiempo?

Es necesaria, como decían los magistrados del Supremo Manuel Marchena y José Manuel Maza, una ley que tenga el rango previsto por la Constitución para regular la limitación de derechos fundamentales como el de las comunicaciones personales, para que el buen funcionamiento de todo el complejo sistema que rodea a las interceptaciones no quede al arbitrio del ministro de turno.

Varias sentencias del Tribunal Supremo, de hecho, han aconsejado durante los últimos años actualizar la legislación vigente. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se lo ha ordenado a España en no pocas ocasiones. Nuestra ley, de correos y telégrafos, está evidentemente obsoleta y en absoluto estaba pensada para ordenar la casuística que plantea Sitel.

Sé, aunque ponga en el remitente la palabra anónimo, que muchos de los comentarios que recibí en el anterior post están hecho por policías. Y es precisamente por el bien de estos profesionales, en primer lugar, por lo que se torna urgente esa reforma legislativa. Se juegan la vida por todos los españoles cada día y es injusto que lo hagan sin el amparo legal que se merecen.