Los vigilantes salen a la calle a trabajar

El anteproyecto de ley de seguridad privada abre un nuevo panorama a los vigilantes. Su artículo 41 prevé que estos profesionales puedan llevar a cabo su labor también en la vía pública si así lo acuerdan los comerciantes de los locales que les tienen contratados. El apartado 4.b de dicho punto se refiere en concreto a las zonas peatonales por las que pasan habitualmente miles de ciudadanos a diario con el objetivo de hacer compras.

La iniciativa es vista por algunos, como la Unión Federal de Policía, como un paso más hacia la privatización de parte de la seguridad pública. Este sindicato indica como otro ejemplo el proyecto para permitir la presencia de vigilantes también en el perímetro de las prisiones.
Sin embargo, y a pesar de las críticas, lo cierto es que parece necesario tomar medidas para paliar el descenso de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado que están experimentando tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil en los últimos años debido a la extrema disminución de la oferta de empleo público. Lejos quedan las convocatorias en las que accedían más de 5.000 anualmente a cada una de las corporaciones. Hoy por hoy apenas entran 300 nuevos funcionarios y hay que dar gracias de que esto sea así, ya que la crisis ha provocado que el Gobierno recorte el empleo público y que el Ministerio del Interior sea una de las excepciones.
Por su parte, la pirámide por arriba sigue su ritmo habitual y continúan jubilándose policías y guardias civiles al mismo ritmo que lo hacían en época de bonanza de empleo público.
Es comprensible, por lo tanto, que el Gobierno trate de aprovechar ese ejército de 100.000 ciudadanos que realizan labores de seguridad privada y que ya en muchos casos vienen trabajando en la vía pública. ¿Acaso no es calle –subterránea, sí, pero calle al fin y al cabo– el metro? ¿Acaso no operan ya al aire libre estos vigilantes que trabajan en urbanizaciones privadas o polígonos industriales?
Lo importante es que el control de la Policía sea efectivo, que éstos profesionales lleven a cabo su tarea en coordinación con las fuerzas de seguridad, que esté convenientemente supervisado el peligroso intrusismo y que estén finamente reglado hasta dónde pueden operar y hasta dónde no los empleados de la seguridad privada. Por lo demás, creo que hay que aprovechar esos recursos humanos que en la mayoría de casos (es mi opinión basada en la experiencia) corresponden a personal motivado con ganas de servir a los ciudadanos.
Prueba de la buena disposición de los vigilantes es la colaboración que prestan a la Policía en materia de intercambio de información sensible a través del programa Red Azul, que ya lleva más de un año en funcionamiento y que ha facilitado que las fuerzas de seguridad del Estado abran decenas de investigaciones gracias a las aportaciones de estos profesionales.