El papel del PP en el Faisán. ¿Alguien entiende algo?

Enrique Pamies y José María Ballesteros, los dos policías
condenados por el chivatazo a ETA de 2006.

El PP utilizó el caso Faisán para atacar una y otra vez a Alfredo Pérez Rubalcaba cuándo éste sostenía la cartera del Ministerio del Interior. Todos los miércoles, el diputado Ignacio Gil Lázaro arremetía con grandilocuente lenguaje –como si fuera el fin del mundo– contra el luego vicepresidente del Gobierno. La tenacidad del parlamentario y las diligencias solicitadas por las acusaciones populares en el proceso judicial mantenían vivo el tema en las portadas de los periódicos y en algunos noticieros.

Era un ejercicio de oposición sostenido durante años que, sin embargo, no tuvo continuidad ninguna cuando el PP aterrizó en Moncloa. Es más, de un día para otro, el que había sido uno de los más importantes asuntos de Estado pasó a ser almacenado en el baúl de los recuerdos que debe haber en algún lugar del Congreso o de la calle Génova. Ni una sola palabra más salió de los labios de Gil Lázaro. Y mucho menos de Ignacio Cosidó, que en alguna ocasión había sustituido al 'diputado titular' en esta batalla opositora y que ahora ocupaba un puesto institucional, nada menos que el de director general de la Policía.
En el proceso judicial, sin embargo, la estrategia había sido otra. El PP anunció a bombo y platillo su intención de personarse en el caso que instruía la Audiencia Nacional y éste último tribunal se lo permitió. Pero los populares no fueron en sede judicial ni mucho menos tan combativos como lo habían sido en las Cortes. La representación letrada del partido no solicitó ni una sola diligencia de investigación al magistrado Pablo Ruz en ningún momento de la instrucción.
Durante el juicio oral, el papel del abogado del PP, que era otro distinto al que había empezado como 'titular', fue igualmente discreto. Apenas un par de preguntas permitieron a los asistentes conocer el tono de voz de letrado, que se lució por su casi nula aparición en el ruedo de San Fernando de Henares, una de las sedes de la Audiencia.
Pero la paradójica estrategia de los populares no termina aquí. Una vez condenados los dos policías acusados por revelación de secretos –no por colaboración con banda armada, que quedaron absueltos–, el PP recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo pidiendo más pena para ellos y que es les castigara por los dos delitos, en la misma línea que el resto de acusaciones populares, ejercidas por Dignidad y Justicia y la Asociación Víctimas del Terrorismo.
En apariencia, esta actitud de los de Génova iría en la línea de la vehemencia política mostrada en el arco parlamentario por Gil Lázaro, pero no casaría con la pasiva actitud del abogado popular durante el juicio ni con la decisión de no abrir expediente disciplinario a los condenados (ni siquiera cuando el Supremo ratificó la sentencia) tomada por el director de la Policía y por el ministro del Interior.
Tampoco encaja con que Fernández Díaz se esté pensando la posibilidad de indultar a ambos policías, ya que esto iría en la línea opuesta a lo solicitado por el abogado del PP, que pidió ocho años de cárcel y que se les condenara tanto por revelación de secretos como por colaboración con banda armada. Conceder el indulto ahora, cuando hace unos meses pedía ampliarles la condena, volvería a demostrar la falta de criterio de los populares en este caso y dejaría claro que al partido que sostiene al Ejecutivo únicamente le ha importado utilizar políticamente este tema. La verdad ha parecido no importar a los dirigentes populares.