Caso Faisán: Sobre los que faltan por declarar, la motivación del chivatazo y el prestigio de los policías

Enrique Pamies y José María Ballesteros, acusados de dar
el chivatazo a ETA el 4 de mayo de 2006. Foto: Pool

La "motivación política" apuntada por el equipo investigador en sus diligencias hace pensar que tuvo que haber alguien con autoridad política que diera la orden de avisar a ETA de que se iba a producir una operación contra el aparato de extorsión de la banda.
Así lo puso de manifiesto el propio jefe de la investigación, Carlos Germán. "No cabe en cabeza ajena" que dos policías tomaran esta decisión por su cuenta y riesgo, reflexionó en voz alta durante su declaración ante el tribunal que juzga estos días el caso Faisán en la Audiencia Nacional.

La defensa de José María Ballesteros y Enrique Pamies, por su parte, trata de resaltar los puntos oscuros que tuvo la investigación. Entre ellos, los cortes en las cintas de vídeo –que Germán calificó de "irrelevantes" para las pesquisas, pero que se sitúan en la franja horaria clave según el propio equipo que dirigió las diligencias–, la desaparición de la cinta original, los desfases horarios, las llamadas no investigadas, la extraña conversación entre Germán, su jefe José Cabanillas y el jefe de antiterrorismo entonces Telesforo Rubio el día después del soplo, por qué Francia no puso en marcha su parte de la operación Urogallo o el hecho de que fuera precisamente uno de los que conocían todos los datos de la operación y por lo tanto alguien que puede ser considerado sospechoso quien se pusiera al frente de las indagaciones por orden del juez Fernando Grande Marlaska.
La falta de explicaciones convincentes sobre estos aspectos lleva a pensar directamente en las personas que podrían aclararlos y que sin embargo no han sido llamados a declarar por ninguna de las partes implicadas. Por un lado, el entonces comisario general de Información (antiterrorismo), Telesforo Rubio, quien sí fue citado por el juez Pablo Ruz durante la instrucción. Aunque entonces no se acordaba de nada, no es esa una razón para que esté presente en el momento más importante del proceso. ¿Cuántos de los que han declarado hasta ahora no se acordaban de la mitad de las cosas?
Por otra parte, también se torna necesaria la declaración de otra de las piezas claves de los hechos, el propio juez Fernando Grande Marlaska (su ilustrísima señoría, para que no se me enfade el presidente del tribunal, su ilustrísimo señor don Alfonso Guevara). Marlaska debería explicar por qué puso al frente de la investigación a Carlos Germán. El propio Germán señaló durante su declaración el pasado lunes que el instructor "no sabía quién había dado el chivatazo, pero sí quién no lo había dado". Se refería Germán, por supuesto, a sí mismo. Es decir, a un sospechoso que no ha sido investigado.
El tercer personaje que tampoco ha sido llamado a explicar su implicación en el caso es ni más ni menos que quien estuvo imputado durante meses junto a los dos actuales acusados, el que fuera director de la Policía cuando se produjo la polémica filtración Víctor García Hidalgo. Su testimonio sin duda podría aclarar si el confidente es realmente el confidente que arguye Pamies, si ese día tenían una cita, hasta qué punto el entonces jefe superior de Policía del País Vasco y hoy acusado conocía la operación que estaba en marcha o qué hablaron ambos aquella esperpéntica mañana.
Por último, no resulta menos necesario aclarar qué ocurrió al otro lado de la frontera, por qué se paralizó la operación Urogallo también en Francia. Y nadie mejor que la juez Laurence Le Vert para explicarlo, porque además la magistrada estaría dispuesta. No en vano, ya envió un escrito a Ruz quejándose de algunos aspectos de la investigación.
La politización de este caso, su mediatización, su repercusión tanto a nivel policial como judicial o el cambiante papel de la Fiscalía durante la instrucción han moldeado un proceso amorfo que lo único que ha escupido en claro han sido las disputas que se fraguan en el seno del cuerpo, las luchas internas que afectan al enemigo y por lo tanto a la seguridad de los ciudadanos.
Si la motivación ha sido la que apunta el equipo investigador y existieron razones políticas para dar el soplo, cualquier policía debería sacar hoy en claro que ningún político tiene derecho a cargarse su carrera. Preferible es pasillear una temporada a que tu prestigio quede manchado para siempre. Si, por el contrario, la motivación no fuera la que apunta el equipo investigador y existiera otra causa desconocida, tampoco sería un ejemplo para nadie, ya que representa un riesgo desmesurado llevar a cabo este tipo de acciones que van en contra de cualquier principio policial.