Sitel hace lo mismo que los programas espía de EEUU y Francia

Esteban González Pons impulsó la reforma
de la ley de interceptación de las
comunicaciones. Hoy sigue parada.

Lo denunciamos cuando yo trabajaba en La Gaceta hace ya cuatro años. El Ministerio del Interior español cuenta con un sofisticado sistema de espionaje capaz de pinchar todos los teléfonos de España, una tecnología que puede conocer quién contacta con quién en todo momento, dónde se encuentran emisor y receptor cuando se comunican, qué páginas web visita un usuario, a quién le envía correos electrónicos y de quién los recibe. Se llama Sitel.
Lo mismo exactamente que puede hacer el controvertido programa Prism estadounidense, antes denominado Echelon, y el dispositivo recientemente denunciado por Le Monde que actúa en territorio francés.
Como entonces pusimos en evidencia, no es el hecho de que existan estos potentes software lo que representa un problema. La tecnología no es mala ni buena en sí misma, sino que depende del uso que se le dé el que se transforme en un instrumento al servicio de los malechores o de los demócratas.

Por eso resulta del todo esencial la legislación que debe regir para ordenar su utilización. Y ahí es donde incidíamos en 2009 y 2010 cuando yo me encontraba en las filas del diario citado en la primera línea de este artículo.
La ley es el instrumento que debe guiar a la herramienta, ya se llame Sitel o de cualquier otro modo. De ahí que desde mi anterior periódico propagáramos la necesidad de mejorar la normativa, en la misma línea que han señalado algunos magistrados del Tribunal Supremo o el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El PP, cuando estaba en la oposición, propuso una ley orgánica para modernizar la actual regulación. La izquierda en bloque, con el PSOE al frente, la rechazó. Quizá no era el momento, por aquello de que eran los primeros meses del caso Gürtel y parecía que los populares querían cargarse las escuchas que derivaron en ese proceso que aún sigue coleando en Génova 13.
Hoy, de hecho, no puedo evitar pensar que sí, que los del PP solo querían bloquear la trama del Bigotes y compañía. No cabe otra explicación cuando observamos que Mariano Rajoy lleva casi dos años en su sillón presidencial y aún no ha movido ni una sola pieza en la misma dirección que apuntaban entonces sus compañeros de partido.
Cabe plantearse la posibilidad de que la iniciativa legislativa propugnada entonces populares fuera un proyecto personal de Esteban González Pons, el diputado que entonces la defendió en el Parlamento y que hoy se encuentra castigado por el propio Rajoy a permanecer en segunda fila.
Sea como fuere, no tienen credibilidad los del PP como partido cuando entonces defendían la necesidad de reformar la ley con tanta urgencia y hoy dejan pasar los días como si no fuera con ellos. Mientras tanto, continúan aprovechándose del vacío legal que sigue imperando en torno a la interceptación de las comunicaciones y de la capacidad tecnológica del software que sigue estando en poder del Ministerio del Interior.