Unificación de Policía y Guardia Civil

La idea de AUGC y SUP de unificar Guardia Civil y Policía empieza a parecerme razonable. Desde que comenzaron los recortes en las ofertas de empleo público en 2010, el Ministerio del Interior ha visto cómo se reducían sus plantillas a un ritmo de entre 3.000 y 4.000 funcionarios anuales, a causa principalmente de que la cadencia de jubilaciones seguía como siempre.
En cuatro años, por lo tanto, Policía y Guardia Civil cuentan con 14.800 efectivos menos. Para paliar este descenso de recursos humanos, el Ministerio del Interior puso en marcha el plan de reducción de escoltas, que ha permitido que cientos de agentes que se dedicaban a la protección de personas dejen esa ocupación y se centren en labores de seguridad ciudadana o investigación.
En el mismo sentido de paliar la carencia de efectivos se planteó el plan de colaboración con las empresas de seguridad privada (Red Azul) y la reforma legislativa que actualmente está en marcha en el mismo área. Se trata de medidas inteligentes de esas que solo los tiempos de crisis sacan a flote. Por aquello de que los momentos de vacas delgadas agudizan el ingenio.
Sin embargo, no son iniciativas que resuelvan el problema de fondo ni frenen la negativa tendencia descrita. Por un lado, porque el plan de recolocación de escoltas es pan para hoy y hambre para mañana, ya que una vez que los guardaespaldas estén incorporados a sus nuevas unidades, no habrá más profesionales de la protección de los que tirar.
Red Azul y la nueva ley de seguridad privada, por su parte, también incrementarán la colaboración entre ambas partes y ayudarán a la eficacia operativa, algo que debería haberse trabajado también en época de terneras gordas, pero tampoco solucionarán el problema de fondo, pues no servirá de nada la colaboración de los vigilantes si no hay quien les escuche o canalice sus mensajes.
Todas las plantillas, como es lógico, se ven afectadas de una forma u otra por la disminución de efectivos y eso no tiene más remedio que repercutir en la seguridad ciudadana tarde o temprano. Ya estamos viendo, de hecho, un incremento de robos en viviendas y otras partidas críticas de las estadísticas de criminalidad que ofrece el propio Ministerio del Interior. Si la crisis remonta rápido, quizá podamos apañarnos y seguir como hasta ahora. Pero mucho me temo que lo que nos espera es una recuperación lenta, que no nos devolverá en pocos días –como si nos subiéramos en el DeLorean rumbo a los 90– a la situación previa a la recesión.
Este panorama probable provocaría que la oferta de empleo público se mantenga en los niveles de los últimos años (entre 300 y 500 efectivos nuevos se incorporaban cada ejercicio a Policía y Guardia Civil por los entre 3.000 y 5.000 que abandonaban los cuerpos) o mejore ligeramente, por lo que continuarían disminuyendo las plantillas de ambas corporaciones al mismo ritmo que hasta ahora (15.000 cada cuatro años) o a uno similar. La sangría de efectivos sería insoportable.
No habría más remedio, por lo tanto, que replantearse el modelo policial desde cero. Sí, ese que a su vez depende tanto del modelo territorial que vemos construirse a trompicones a causa de los desagradables tiras y aflojas entre comunidades autónomas y los distintos gobiernos estatales.
El Ejecutivo, el que esté en ese momento, no despacharía con un gesto de desprecio, como ha hecho este, la propuesta de unificación de cuerpos planteada por AUGC y SUP. Sería una irresponsabilidad por su parte.
Ambas agrupaciones (asociación la primera, sindicato el segundo) argumentan que la unión hace la fuerza y que en la actualidad existen decenas de departamentos duplicados que operan paralelamente, ya sea dependiendo de Miguel Ángel, ya sea colgados de Guzmán el Bueno. La lucha contra el crimen organizado, el tráfico de drogas o el terrorismo global no tiene fronteras, por lo que tampoco tiene sentido amarrarse al recurrente yo me ocupo de los pueblos y tu de las ciudades.
Tenemos el ratio de policía por habitante más alto de la Unión Europea -solo superado por Chipre- y sin embargo existen problemas para cubrir las necesidad de seguridad ciudadana (en la Comunidad Valencia hay miembros del Seprona dedicados a evitar robos en el campo, por ejemplo). La razón no es otra que el hecho de que, sí, tenemos muchos policías, pero gran parte de ellos dedicados a lo mismo, a investigar casos de forma paralela y sin apenas intercambio de información entre sí (recordemos el enfrentamiento entre policías y guardias civiles en el Consulado de Francia). Las bases de datos de ambas corporaciones funcionan cada una por su cuenta y tan solo la colaboración personal solventa el obstáculo.
AUGC y SUP argumentan que su propuesta, además de incrementar la eficiencia, ahorraría dinero a las tan necesitadas arcas del Estado. Y hoy por hoy el dinero no es cuestión baladí. La unificación, dolorosa, difícil y posiblemente de un enorme coste electoral, innecesaria en otros tiempos, se torna ahora como una posibilidad real que solo un Gobierno imprudente resolvería con menosprecio hacia los proponentes.