La etapa de los indiscriminados nombramientos a dedo de Interior llega a su fin

Un guardia civil con uniforme de gala en La Moncloa. Foto: Ch. Barroso

Me cuesta un poco alabar a una Administración. Me gusta más criticar, siempre en positivo, por supuesto, por aquello de que es bueno buscar cómo mejorar las cosas y no recrearse en lo bien que las hemos hecho. Y por eso ahora voy a alabar, sí, pero con matices, por lo de no ser condescendiente y mantener la independencia, que es de lo poco que me queda.
La Dirección General de la Guardia Civil ha mostrado a las asociaciones del instituto armado un borrador de lo que pretende ser el desarrollo de la denominada Provisión de Destinos que reduce de 25.000 a 5.000 los cargos de confianza. Es decir, los criterios que utilizará a partir de ahora para elegir los puestos que cada funcionario ocupará.

Ya era hora, y esta es una de mis críticas, de que el Gobierno cumpliera la ley. El Real Decreto se aprobó en 2001 y han tenido que pasar 12 años para que se dotara de contenido.
Como en muchas ocasiones, ha vuelto a ser un juez el que acelere el proceso. En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que paralizó una orden de puestos de libre disposición y argumentó que había que poner los puntos sobre las íes antes de seguir por este camino: desarrollar el reglamento, como solicitaba el Real Decreto hacía más de una década.
En la Policía pasó algo similar hace meses. Ya incluso años. Sin embargo, los requerimientos judiciales no habían hecho el mismo efecto. Durante toda la anterior legislatura, los sindicatos del cuerpo reclamaron la reducción de puestos de libre designación. Y no por capricho, sino porque así lo había ordenado el mismo Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero también la Audiencia Nacional e incluso el Tribunal Supremo.
Pero ninguna de estas cortes judiciales parecía tener suficiente autoridad para el departamento entonces dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba y personalizado en Francisco Javier Velázquez como entonces director general de Policía y Guardia Civil. Velázquez tuvo que esperar a que el tribunal le amenazara con tomar medidas contra su persona para pisar el freno en los nombramientos a dedo. No para solucionar el tema, sino para levantar el pie del acelerador.
Su sucesor en la rama policial, Ignacio Cosidó, no tenía más remedio que meterle mano al problema, ya que él mismo lo había denunciado en el Parlamento y ante los medios en reiteradas ocasiones como portavoz de la Comisión de Interior del Congreso. Y cogió el toro por los cuernos. O eso parece. Redujo drásticamente la libre designación, que pasó de superar los 7.000 puestos a limitarse a algo más de 2.000.
En este último asunto, de todos modos, no está todo dicho. El tribunal debe –aún no lo ha hecho a pesar de que ha transcurrido más de un año– decir si la propuesta de Cosidó cumple la sentencia o no. Sea cual sea su veredicto, en términos generales la reducción de cargos de confianza es positiva, va en la dirección correcta y no podemos dejar de alabarlo. Los criterios están ahora más transparentes que antes y eso es mucho decir en el caso del Gobierno.