El reto judicial del caso Interligare

El caso Interligare se desinfla. Lejos quedan –a pesar de los recientes intentos de mantener el tema vivo– aquellas portadas veraniegas de El Mundo que apuntaban a una trama corrupta supervisada por Alfredo Pérez Rubalcaba en la que el entonces ministro del Interior parecía haber ordenado espiar nada menos que a la oposición a través de una empresa tecnológica.
El comisario Jaime Barrado, artífice de esa investigación, se encuentra actualmente imputado por amenazas, según se desprende de los últimos autos –dentro de lo poco que no está secreto en el sumario– firmados por la instructora Cristina García, titular del Juzgado número 3 de Aranjuez.

La magistrada pregunta al fiscal si, como ordenó la Audiencia Provincial, es conveniente que Barrado se pusiera de nuevo al frente de la investigación teniendo en cuenta su condición de imputado. Pedía también la juez al Ministerio Público que se posicionara al respecto teniendo en cuenta además que el caso estaba sobreseído provisionalmente. La instructora considera probado que los dueños de Interligare no incurrieron en ningún delito de falsificación documental ni estafa a Hacienda, la Seguridad Social o las Administraciones Públicas. Argumenta que los propietarios reconocieron en su momento la deuda que mantenían con la Tesorería –así lo comunicaron las propias instituciones– y que por lo tanto no puede aplicárseles el Código Penal.
¿Si el fiscal y la Audiencia Provincial confirman las tesis de la instructora, quién restituirá, por lo tanto, la honorabilidad perdida de los propietarios de Interligare? Las deudas, en su mayoría provocadas por los impagos del propio Ministerio del Interior, provocaron que se les cerrara el grifo de contratos con la Administración, que no fue el único varapalo para aquella pyme. El mazazo mediático acabó por hundir la moral de unos empresarios que apostaron por la innovación como modo de vida y que se dieron de bruces, como víctimas colaterales, de la crudeza de las venganzas políticas y policiales.
Cristina García archiva su parte y pasa la bola –ahora sí con el beneplácito del fiscal– a los juzgados de Madrid, que tendrían que dirimir si los funcionarios del Ministerio del Interior presuntamente implicados, entre ellos Luis Luengo, incurrieron en los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Solo espero que la investigación llegue hasta el final. Sí, hasta que se sepa la verdad. Por el momento sigue abierto el expediente a Barrado, está por dirimir el cohecho y el tráfico de influencias y por esclarecer la trama de rivalidades entre funcionarios que llevó a un policía a acusar a otros en periodo preelectoral. Ahí es nada. Ánimo, señores jueces, porque tienen por delante un apasionante reto judicial.