A los detectives les sale una competencia difícil de combatir

El anteproyecto de ley de seguridad privada, presentado en el último Consejo de Ministros, permitirá a las empresas que tradicionalmente han realizado funciones de vigilancia de edificios o protección de personas explorar otros campos.
Entre ellos, la custodia de los perímetros de las prisiones o la investigación privada. La incorporación de este último punto como potencial tarea de las empresas de seguridad significa que compañías como Securitas o Prosegur podrán tener sus propios departamentos de detectives. La patronal del sector, lógicamente, ha visto con buenos ojos la medida, que les amplía notablemente las posibilidades de negocio.
Las pequeñas agencias de detectives, sin embargo, no tienen la misma visión sobre el asunto, ya que la nueva regulación les genera más competencia. Además, una competencia contra la que resulta difícil luchar, ya que las empresas de seguridad cuentan con servicios añadidos que pueden complementar en un momento dado la investigación privada.
Por lo tanto, no son las medidas restrictivas que se han aprobado en torno a la labor de los detectives lo único que afecta a estos profesionales. Creo que debería preocuparles más que la Administración está apostando en la práctica por quitar poder al colectivo y entregárselo a las empresas de seguridad, que además cuentan con más músculo financiero.
No es extraño, por lo tanto, que durante los próximos años presenciemos una cadena de absorciones de pequeños despachos de detectives por parte de grandes compañías, que además han visto cómo el Gobierno ha regulado de paso esa plaga llamada intrusismo y les ha entregado también otros caramelos como la vídeo-vigilancia, las alarmas o los servicios de asesoramiento.